Un proyecto para derogar la Ley 21.526, transformar la actividad financiera en servicio público y poner la banca al servicio del pueblo argentino, la producción y el trabajo.
Diagnóstico: El modelo económico actual es una copia de la nefasta Ley 21.526 de Entidades Financieras, sancionada durante la dictadura militar bajo la conducción de Martínez de Hoz. Esta ley, que ningún gobierno democrático se animó a derogar, es el andamiaje legal que sostiene la especulación financiera por sobre la producción y el trabajo.
En el marco de la grave crisis actual y de la necesidad de repensar el país, estamos convencidos de que el modelo económico vigente está fracasando. Su lógica es la misma de siempre: la actividad financiera como actividad lucrativa basada en la especulación del libre mercado, dejando descalzados a múltiples sectores: comercios, PyMEs, empresarios, cooperativas, microemprendimientos y, muy especialmente, a toda la clase trabajadora.
Se trata de poner límite a la histórica descompensación que solo beneficia a la concentración de riqueza. La banca no puede seguir siendo un instrumento de acumulación privada mientras millones de argentinos no acceden al crédito para producir, emprender o tener un techo.
Este proyecto propone una ruptura estructural: derogar la Ley 21.526 y reemplazarla por un marco normativo que transforme la actividad financiera en un servicio público orientado al desarrollo nacional, la inclusión social y la justicia distributiva.
Herencia de la dictadura · Especulación financiera
Servicio público · Al servicio del pueblo
El proyecto fortalece todas las formas de banca que hoy están debilitadas o marginadas del sistema: la pública nacional, la provincial, la cooperativa, la municipal y la previsional. Cada una con un rol específico en el desarrollo territorial.
Primer banco del país en tamaño y cobertura territorial. Recupera su rol histórico de banco de fomento productivo, crédito agrario y financiamiento de PyMEs en todo el interior.
Banca pública nacionalReorientado exclusivamente al financiamiento de vivienda social y clase media. Créditos a largo plazo con cuotas accesibles, sin componente especulativo.
Vivienda socialBanco Nacional de Desarrollo, reactivado para financiar proyectos de inversión productiva de mediano y largo plazo que el mercado privado no financia.
Desarrollo nacionalReconocimiento pleno en la Carta Orgánica del BCRA. Operan sin fines de lucro, destinando excedentes al fortalecimiento del crédito a sus asociados y comunidades.
Banca cooperativaInstitución financiera de proximidad: conocen el territorio, la producción local y las necesidades reales de cada comunidad. Fundamentales para el desarrollo del interior.
Banca territorialEntidades que gestionan los fondos de la seguridad social con criterio de servicio público, reinvirtiendo en crédito para jubilados, pensionados y trabajadores formales.
Seguridad socialEl BCRA establecerá cupos mínimos obligatorios de crédito por destino para todas las entidades financieras que operen en el sistema. El objetivo es garantizar que el dinero llegue a donde más se necesita.
Régimen tributario incentivado: Las entidades financieras que superen los cupos mínimos de crédito a PyMEs y sectores productivos recibirán beneficios tributarios proporcionales. A mayor financiamiento productivo, menor carga impositiva. El sistema premia a quienes generan empleo y producción en lugar de especulación.
Reconocimiento constitucional de la banca diversa
La nueva Carta Orgánica del BCRA reconoce explícitamente en su articulado a los bancos cooperativos, regionales, municipales, previsionales y de fomento, con regulación diferenciada según su naturaleza.
Se establecen normas diferenciadas entre la banca pública/cooperativa y la banca extranjera/privada. No puede tener los mismos requisitos un banco cooperativo provincial que un banco multinacional especulativo.
El BCRA recupera y fortalece su rol de control y sanción sobre entidades que especulen, cobren intereses usureros o fuguen capitales al exterior.
Instrumento del Estado, no del mercado financiero
El BCRA mantiene independencia técnica pero se orienta al desarrollo económico y social del país. Sus políticas no pueden contradecir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
El BCRA establece normativas que subordinan a todas las entidades y personas físicas que operan en el mercado financiero, equilibrando la desproporción entre bancos multinacionales y entidades públicas y privadas nacionales.
El BCRA promueve activamente el financiamiento de PyMEs, pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales, como motor de la reindustrialización y la generación de empleo.
Derogación de la ley de Entidades Financieras sancionada durante la dictadura de 1977 y reemplazo por una nueva ley que consagre la actividad financiera como servicio público.
Marco normativo moderno que articule banca pública, cooperativa y privada con jerarquías claras, obligaciones diferenciadas y mecanismos de control ciudadano.
Inclusión de bancos cooperativos, regionales, municipales y previsionales. Mandato explícito de desarrollo económico y social junto a la estabilidad monetaria.
Normativa del BCRA que fija cupos mínimos de financiamiento a PyMEs (45%), vivienda (45%) y microemprendimientos (5%) para todas las entidades del sistema.
Fijación de tasas máximas diferenciadas por destino del crédito. Penalidades severas para el cobro de intereses usureros o prácticas financieras abusivas.
Marco normativo integral para detectar, prevenir y sancionar la fuga de capitales, los depósitos en paraísos fiscales y la evasión impositiva en el sistema financiero.
Reconocimiento pleno, marco regulatorio propio y acceso al redescuento del BCRA para bancos cooperativos y cajas de crédito en todo el país.
Sistema impositivo compatible con los objetivos del proyecto: menores impuestos a entidades que financien producción y empleo, mayores a las que especulen o fuguen capitales.
El sistema financiero se integra al Plan Nacional de Desarrollo: vivienda, energía, producción regional e industrialización no pueden avanzar sin crédito accesible y sostenido.
Este proyecto fue elaborado y presentado por la Mesa Coordinadora del Foro Solidario Córdoba, espacio de pensamiento colectivo comprometido con la justicia social, la soberanía económica y el desarrollo nacional.
Ningún gobierno democrático se animó a derogar la Ley 21.526. Esa omisión tiene un costo: décadas de especulación financiera, fuga de capitales, crédito inaccesible y exclusión de millones de argentinos del sistema productivo.
Este proyecto no es una reforma cosmética. Es una ruptura estructural con el modelo financiero heredado de la dictadura. Es poner por fin la banca al servicio de quienes producen, trabajan, emprenden y necesitan un techo.
Sanar la Argentina también significa sanar su sistema financiero: que el dinero vuelva a ser una herramienta del desarrollo y no un fin en sí mismo.