Un país no forma ciudadanos libres si abandona a sus maestros
y deja afuera del jardín a uno de cada dos chicos pobres

Argentina universalizó hace años la sala de 5 (99% de cobertura) y avanzó de forma significativa en la sala de 4 (87%). El problema se concentra en la sala de 3 años, que apenas alcanza el 58% de cobertura nacional, y sobre todo en los primeros años de vida: entre los chicos de 2 y 3 años de los hogares más pobres, la asistencia al jardín es de las más bajas de la región —10% a los 2 años y 41% a los 3, muy por debajo del 54% y el 82% que registra Uruguay en esas mismas edades—. La evidencia internacional es clara: la educación inicial de calidad es una de las herramientas más efectivas para reducir la desigualdad de origen, y cuanto antes empieza, mayor es su impacto en las trayectorias educativas futuras. Hay, además, una oportunidad poco aprovechada: la caída de la natalidad redujo un 31% la población de 3 a 5 años entre 2016 y 2025, lo que podría permitir alcanzar una cobertura cercana al 100% reorganizando la capacidad instalada, sin necesidad de construir todas las aulas que antes hacían falta —pero solo si se invierte donde el déficit sigue siendo real, empezando por los barrios más postergados.

Ese avance posible choca, sin embargo, con una crisis salarial docente sin precedentes en dos décadas. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —que representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto— significó una pérdida directa de entre $28.700 por cargo al momento de su quita, un desfase que hoy equivale a más de $100.000 por cargo actualizado por inflación. El Decreto 341/2025 declaró además a la educación "servicio esencial", limitando el derecho a huelga y descentralizando la negociación salarial en 24 paritarias provinciales desiguales, en lugar de una paritaria federal única. El resultado: en 20 de las 24 jurisdicciones del país, el salario docente está hoy por debajo de la canasta familiar.