Que un adolescente entre a un centro de detención
y salga con un título, no con más violencia aprendida

La reforma sancionada en febrero de 2026 (Ley 27.801) bajó la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años, después de una discusión reactivada por hechos de alto impacto como el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. Este proyecto sostiene que ese piso debería bajar más, hasta los 12 años, para delitos graves —homicidio, abuso sexual, delitos cometidos con armas—, en línea con lo que ya rige en Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras. Es una posición en el extremo más bajo del debate internacional: el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda no bajar de los 14 años, y UNICEF Argentina sostiene que no hay evidencia de que reducir la edad de imputabilidad mejore la seguridad. Este proyecto no ignora esa discusión —la retoma más abajo, en la sección de posiciones en debate— pero sostiene que la pregunta central no debería ser solo a qué edad se es punible, sino qué le ofrece el Estado a un adolescente privado de su libertad para que no vuelva a delinquir.

Y en ese punto, el sistema argentino tiene un problema documentado y real: más de la mitad de los detenidos del país no accede a ningún programa educativo, y apenas el 2,5% cursa estudios universitarios o terciarios. La propia coordinadora nacional de la modalidad de Educación en Contextos de Encierro reconoció que, salvo en CABA y la provincia de Buenos Aires, los institutos de menores del resto del país ni siquiera tienen escuela secundaria disponible —"es terrible", en sus propias palabras—. Al mismo tiempo, la evidencia sobre lo que sí funciona es contundente: la tasa de reincidencia general ronda el 50%, pero cae a entre el 3% y el 15% entre quienes lograron estudiar una carrera universitaria durante su condena, según los propios programas universitarios que ya funcionan en cárceles argentinas desde 1983. La ley de ejecución penal para adultos ya reconoce esto con un "estímulo educativo" que reduce meses de condena por cada nivel educativo aprobado. Este proyecto lleva esa misma lógica, ampliada, al sistema penal juvenil.

Bajar la edad de imputabilidad es una de las decisiones de política criminal más discutidas del mundo, y este proyecto no pretende cerrar ese debate. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda no fijar la edad mínima por debajo de los 14 años, y organismos como UNICEF Argentina sostienen que no existe evidencia de que bajar la edad reduzca la criminalidad adolescente, señalando además que el encierro sin acompañamiento suele aumentar la reincidencia. Dinamarca y Georgia son citados frecuentemente como ejemplos de países que revirtieron reformas similares tras evaluar sus resultados. Organizaciones de derechos humanos advierten, además, que aplicar el sistema penal a edades muy tempranas puede exponer al Estado a responsabilidad internacional.

Este proyecto sostiene que, si la sociedad argentina decide avanzar en esa dirección —como ya lo hizo en 2026 al bajar de 16 a 14 años—, la única forma de hacerlo de manera responsable es garantizando, al mismo tiempo, que el sistema ofrezca una salida real: educación obligatoria, un camino verificable hacia la universidad, y seguimiento clínico especializado para quienes más lo necesitan. El Sistema Nacional de Seguimiento de Reincidencia, incluido como Eje 6, existe precisamente para que esta política se someta a la misma evidencia que hoy se usa para cuestionarla.