Argentina no parte de cero. La provincia de Santa Fe desplegó el sistema Lince con más de 600 cámaras existentes y una ampliación proyectada de 2.000 adicionales, con una inversión de USD 32,14 millones. En seis meses, el sistema contribuyó a esclarecer 300 causas judiciales, y el análisis diario de video pasó de 14.000 a 60.000 horas. La provincia de Mendoza usa reconocimiento facial sobre 151 cámaras específicas: en 110 días permitió detener a 23 prófugos con pedido de captura. El municipio de La Matanza opera más de 5.000 cámaras 4K con cinco centros de monitoreo. Escobar tiene 1.200 cámaras, un data center y un laboratorio de datos.
Sin embargo, el sistema es profundamente desigual. La Ciudad de Buenos Aires vio su SRFP (Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos) cuestionado judicialmente: la Justicia ordenó rediseñarlo para que solo se aplique a personas con pedido de captura en la base CONARC, con auditoría de la Defensoría del Pueblo. Otros municipios operan sin protocolos claros, sin auditoría y sin estándares técnicos comunes. Y a nivel nacional, no existe una ley específica de reconocimiento facial en espacio público: solo se aplica la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, insuficiente para regular una tecnología de este alcance.
El resultado es una paradoja: la tecnología funciona pero el marco institucional no está a la altura. Este plan viene a resolver eso: unificar criterios, proteger derechos y garantizar que la herramienta sirva para lo que debe servir — identificar prófugos con orden judicial, no vigilar ciudadanos sin causa.
Ley de Videovigilancia Inteligente y Protección de Datos Biométricos:
Unificar criterios para que los sistemas puedan interoperar:
Crear la Agencia Federal de Videovigilancia con:
Estructura federal en cuatro capas:
Formación obligatoria de operadores:
Las provincias pueden compartir alertas en tiempo real:
Integración con el sistema judicial:
Sin evaluación no hay legitimidad:
| Ciudad / Región | Población | Motivo de prioridad |
|---|---|---|
| AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) | ~15M | 40% de la población del país; mayor demanda de seguridad |
| Córdoba | ~1,6M | Segunda ciudad del país; hub del interior |
| Rosario | ~1,5M | Base del sistema Lince; extensión natural |
| Mendoza | ~1,1M | Base de reconocimiento facial ya implementada |
| La Plata | ~800K | Capital de la provincia de Buenos Aires |
| San Miguel de Tucumán | ~800K | Núcleo urbano del norte |
| Mar del Plata | ~650K | Mayor ciudad costera |
| Salta | ~650K | Hub del noroeste |
| Santa Fe | ~600K | Extensión del sistema Lince ya en marcha |
| Corrientes | ~400K | Núcleo del noreste |
| Componente | Inversión estimada | Plazo | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| Cámaras IA (10 ciudades) | USD 200-300M | 2028-2030 | +2.000-3.000 cámaras de alta capacidad |
| Data centers regionales (10) | USD 60-90M | 2028-2030 | Infraestructura redundante y segura |
| Software de IA y licencias | USD 40-60M | 2028-2030 | Análisis de video, RF, ANPR |
| Integración con CONARC y RENAPER | USD 15-25M | 2027-2028 | Interfaz federal operativa |
| Formación de operadores y auditores | USD 20-30M | 2027-2032 | Personal capacitado y certificado |
| Auditoría independiente y evaluación | USD 15-20M | 2027-2032 | Legitimidad y transparencia |
| TOTAL ESTIMADO | USD 350-525M | 2027-2032 | Sistema federal consolidado |
Argentina ya demostró que la videovigilancia con IA puede ayudar a esclarecer delitos graves y detener prófugos con pedido de captura. Santa Fe y Mendoza lo hacen con resultados verificables. Pero sin un marco legal federal, sin estándares técnicos comunes y sin auditoría independiente, la herramienta puede volverse un riesgo en lugar de una solución. Este plan propone desplegar IA en seguridad urbana con reglas claras, límites estrictos y control ciudadano. La seguridad es un derecho — y también lo es la privacidad.